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¿Segunda Guerra Civil Salvadoreña?

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Un Acercamiento Legal

 Ricardo Langlois / San Salvador

Fotografía: Archivo Diacrónico

La escalada de violencia en El Salvador en el año 2015 ha sido muy clara: muchas formas de manifestación de agresión y crueldad han incrementado a través del número de homicidios, extorsiones, e incluso desplazamientos y desapariciones forzadas. La situación de El Salvador, en aspectos de seguridad pública y persecución del delito, se ha vuelto tan difícil y preocupante que ya es considerado como el país más violento sin conflicto armado en el planeta.

Por esta situación particular, se ha considerado a nivel de Vox Populi, que El Salvador atraviesa una segunda guerra civil, tal como lo han mencionado diferentes medios, sin que se haya tomado en cuenta algún acercamiento científico-legal a la situación de violencia extrema que vive El Salvador.

Para ello debemos encontrar un concepto de conflicto armado, siendo más específicos, el concepto de conflicto armado interno, también llamado conflicto armado no internacional. Nos referimos al Art. 1 del Protocolo I que desarrolla el Art. 3 común a los Convenios de Ginebra de 1949, en cual en su segundo inciso estipula:

”El presente Protocolo no se aplicará a las situaciones de tensiones internas y de disturbios interiores, tales como los motines, los actos esporádicos y aislados de violencia y otros actos análogos, que no son conflictos armados.”

Dicha normativa, universalmente ratificada, comienza al revés estipulando que no es un conflicto armado interno, lo cual son disturbios, actos esporádicos y aislados de violencia. Para hacer un ejemplo a ello, son los disturbios que ocurren actualmente en la mina El Limón en la República de Nicaragua, tratándose de un acto esporádico  aislado de violencia.

Para poder complementar el concepto de conflicto armado interno, se deben añadir otros aspectos muy importantes a considerar, como lo son por ejemplo los siguientes:

  1. Nivel mínimo de intensidad de enfrentamientos, cuando las agresiones sean de manera colectiva o se tenga que usar el uso de fuerza militar y no solamente el uso de la fuerza policial.
  2. Los grupos irregulares deben de tener cierto grado de organización y operaciones. En este caso, las pandillas salvadoreñas, así también como grupos de exterminio y grupos de crimen organizado pueden ser perfectamente ejemplos de esos grupos irregulares que cometen ataques o enfrentamientos contra las fuerzas policiales y/o militares. El grado de organización debe contar con jerarquías, roles específicos a cada integrante, tareas por cumplir y objetivos por lograr.

El Dietrich Schindler estipula los puntos antes mencionados para la existencia de un conflicto armado interno, sumando también que los ataques de “las fuerzas insurrectas” deben de tener un carácter colectivo, y no ser acciones individuales.

Interesante también es la jurisprudencia salvadoreña, como lo es particularmente la sentencia Inc. 103-2012 de la Sala de lo Constitucional. Dicha sentencia sobresee los vicios de inconstitucionalidad del Decreto Ejecutivo N°60, en la cual se ratifica el uso de la Fuerza Armada en tareas de seguridad pública.

En dicha sentencia, Presidencia de la República en sus argumentos estipula datos interesantes, como lo son por ejemplo que el uso de la Fuerza Armada es necesaria ya que “la delincuencia organizada y otro tipo de delincuencia cuentan con armamento de guerra y un nivel de organización para-militar”, por lo que “la cooperación policial-militar puede ser de utilidad”.

Este tipo de argumentos, si fueran declaraciones en la actualidad, sobre todo públicas, constituirían una aceptación tácita de una situación de guerra, sin embargo, Presidencia de la República va más allá y hasta da un tiempo aproximado del uso de la Fuerza Armada, por lo tanto, desde qué momento el argumento tiene validez:

Debe quedar claro que eluso de la Fuerza Armada en labores de seguridad pública viene funcionando desde la administración del gobierno anterior, y por lo menos data del año 2007,

Se debe de tener en cuenta que la demanda de inconstitucionalidad en este caso se basó en declarar inconstitucional el Decreto Ejecutivo N°60 ya que este excedía el tiempo y por lo tanto la necesidad de uso de la Fuerza Armada, según como lo estipula el Art. 168 Ord°12 Cn.

La Sala de lo Constitucional, al resolver sobre dicha demanda, invocó al principio de variabilidad de las circunstancias, el cual argumenta que el uso de la Fuerza Armada cesará cuando deje ser “estrictamente necesario aunque el plazo se haya agotado”. Así también, la Sala de lo Constitucional hace llamados para que el uso de la Fuerza Armada no sea una “excepción permanente” y que la calidad técnica de los argumentos de justificar el uso de la Fuerza Armada debe mejorar.

La sentencia Inc. 103-2012 se vuelve muy importante para reconocer, como primer paso, que El Salvador no se encontraba en una situación aislada de violencia, sino en una situación tal en la cual amerita el uso de su fuerza militar para poder contener al crimen, que se ha estructurado a tal nivel, que tiene un grado de organización paramilitar. En otras palabras, dicha sentencia sirve como una tímida aceptación de un conflicto armado interno.

Esa aceptación tiene también un lapso de tiempo, que es “desde el año 2007”, que es un año en el cual ya existe una alza de homicidios a comparación del inicio del siglo. Para el año 2007, El Salvador tenía una tasa de 57 homicidios por 100,000 habitantes. Dicha tasa desde el año 2007 hasta el año 2015  incrementó casi al doble.

Hasta el 18 de octubre del año 2015, partiendo desde el año 2007, han muerto al menos 33,766 personas en El Salvador. Si tan solo se toma el año 2015, como el año de inicio de la escalada extrema de violencia, se puede concluir que El Salvador no solo es el país más violento del mundo, sino también el segundo país más violento con o sin guerra del mundo. Para ello, se demuestra en el siguiente cuadro la tasa de homicidios de varios países, unos en guerra declarada, otros con altos índices de violencia, para considerar la situación de El Salvador en el presente año. Se tomará en cuenta un aproximado de los homicidios perpetrados para el cierre del año 2015, y al final, se tendrá en cuenta la tasa de habitantes por 100,000 habitantes.

País Homicidios en 2015 Población Tasa x 100,000 habitantes
Guatemala 5,661 16,200,000 35 x 100,000
Honduras 5,174 8,900,000 58 x 100,000
Irak* 16,361 37,056,169 44 x 100,000
Somalia* 4,345 10,428,043 41 x 100,000
Libia* 3,262 6,244,174 52 x 100,000
Yemen* 7,404 25,408,000 29 x 100,000
México* 16,876 121,736,809 14 x 100,000
El Salvador 6,765 6,470,271 105 x 100,000
Afganistán* 38,613 32,564, 342 118 x 100,000
Siria* 56,008 17,951,639 312 x 100,000

*Países que actualmente sufren un conflicto armado interno o están saliendo de uno.

 

Como podemos observar en el gráfico, los únicos países en guerra no declarada, son Guatemala, Honduras y El Salvador, éste último, con su tasa aproximada de homicidios del año 2015, supera zonas de guerra como Yemen, Libia y Somalia, estando abajo en el este cuadro únicamente debajo de Afganistán y  Siria, países que atraviesan brutales conflictos armados provocando crisis de refugiados en varios países de Europa.

Tomando en cuenta los elementos que conforman un conflicto armado interno, el grado de intensidad mínimo, el grado mínimo de organización, sumado los argumentos suscitados en la sentencia Inc. 103-2012 y las estadísticas actuales de homicidios de El Salvador frente otros países hacen constar si El Salvador se encuentra en su segunda guerra civil.

Es de considerar también el uso total de la fuerza militar, como el uso de fuerza aérea y fuerza naval para poder contrarrestar el problema de violencia, así también como tropas helitransportadas, sin embargo, poco importa a las víctimas de la violencia en El Salvador, si se trata de un conflicto armado interno o no.

Las ventajas que podría implicar la aceptación del Estado de El Salvador en aceptar que tiene un conflicto armado interno con esta escalada de violencia sistemática son las siguientes:

  1. Dirección de guerra bajo los parámetros del Derecho Internacional Humanitario, con el fin de evitar arbitrariedades y graves violaciones a los Derechos Humanos.
  2. Ratificación del Estatuto de Roma para que la Corte Penal Internacional pueda conocer de casos graves a violaciones de Derechos Humanos, por parte de las fuerzas del Estado, así como pandillas, grupos de exterminio y grupos del crimen organizado.
  3. Discusión abierta sobre la existencia o no existencia de la beligerancia para las pandillas, grupos de exterminio y grupos de crimen organizado en la aceptación de un conflicto armado interno. Este punto, muy controversial, merece un acercamiento aparte y se puede adelantar que dichos grupos irregulares no gozarían del estatus de beligerancia.
  4. Desarrollo actualizado y especializado del concepto de insurgencia y entenderlo como insurgencia criminal, ya que las pandillas, los cárteles de droga y grupos de exterminio no tienen un objetivo político específico más que funcionar como grupos fácticos violentos dentro de un Estado de Derecho.
  5. Estudio sostenido y clarificado si es viable o no una amnistía. Eso depende que tanto se pueda desarrollar el concepto de insurgencia criminal y el objetivo político de dichos grupos, para que así puedan evitarse amnistías en blanco las cuales solo propiciarían más impunidad.

Bajo todos estos señalamientos, y siendo esta un breve acercamiento científico-legal para saber si El Salvador se encuentra en un conflicto armado interno, formulo la siguiente pregunta abierta:

¿Estamos en guerra?

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